La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 31.ª, ha confirmado la orden de devolver a Perú un menor retenido en España por su madre. La Sala considera que no se ha acreditado un riesgo grave que permita exceptuar el retorno bajo el Convenio de La Haya de 1980 y que la integración del niño en España no puede valorarse porque el procedimiento se inició apenas un mes después de la retención.
Qué ocurrió en el caso
El padre, con residencia del menor en Perú, promovió la restitución internacional a través de la Abogacía del Estado. La primera instancia declaró ilícita la retención efectuada por la madre en España y ordenó el retorno inmediato del niño, con las medidas necesarias para garantizar un regreso seguro.
La madre recurrió con dos argumentos principales: que la documentación peruana aportada carecía de la legalización exigida y que existía un grave riesgo para el menor si regresaba con su padre, invocando el artículo 13.b) del Convenio de La Haya de 1980.
Por qué se rechazó la falta de legalización
La Audiencia recuerda que la documentación prevista en el artículo 8 del Convenio tiene carácter potestativo: puede acompañar o complementar la solicitud, pero su ausencia o defecto formal no convierte automáticamente en inválida la petición de restitución.
Además, el artículo 14 permite a la autoridad competente aplicar directamente el derecho y las decisiones del Estado de residencia habitual. La Sala subraya que la madre no cuestionó la autenticidad material ni el contenido de los documentos, sino solo su legalización, una objeción meramente formal.
El “grave riesgo” del artículo 13.b)
La excepción del artículo 13.b) no es automática: exige una valoración seria, motivada y basada en pruebas objetivas y suficientes. La Sala reitera que las excepciones al retorno deben interpretarse de forma restrictiva, para no vaciar de contenido el mecanismo de cooperación internacional del Convenio.
En este caso, la Audiencia no apreció acreditada la vigencia efectiva de la orden de protección invocada, ni una condena penal contra el padre, ni un riesgo concreto para el menor. Por ello, entendió que el interés superior del niño exigía restablecer la situación anterior a la retención ilícita mediante su regreso a Perú.
La sentencia recoge además que el padre ejercía de facto la custodia, que el menor vivía con ambos progenitores en Perú y veía a su padre todos los domingos, y que la madre solo había obtenido autorización para una salida temporal de diez días. Tampoco constaba que hubiera pedido la custodia o autorización para cambiar la residencia del niño ante las autoridades peruanas.
Integración en España: descartada
La madre tampoco pudo invocar la excepción de integración del artículo 12.2 del Convenio. Esa valoración es relevante cuando han pasado más de doce meses entre el traslado o retención ilícita y el inicio del procedimiento de restitución; aquí, el proceso comenzó aproximadamente un mes después de que la madre se negara a retornar.
El menor tampoco expresó de forma razonada una oposición al retorno y manifestó que en Perú tenía a su familia, a la que veía con frecuencia. Para la Sala, ello reforzaba la conclusión de que el retorno no le colocaba en una situación intolerable ni perjudicaba su interés superior.
Lo que la sentencia no decide
La restitución ordenada bajo el Convenio de La Haya no resuelve definitivamente quién debe tener la custodia. El artículo 19 del Convenio establece que una decisión sobre restitución “no afectará a la cuestión de fondo del derecho de custodia”, que deberá dirimirse por los tribunales competentes según las reglas ordinarias.
Claves para padres y profesionales
- La residencia habitual previa del menor es el punto de referencia esencial en los procedimientos de sustracción internacional.
- Una salida temporal autorizada no autoriza, por sí sola, a fijar unilateralmente la residencia del hijo en otro país.
- Invocar violencia o riesgo exige prueba concreta, actual y suficiente; no basta una alegación genérica.
- La falta de legalización formal de documentos puede ser irrelevante si no se cuestiona su autenticidad o contenido y el tribunal puede valorar directamente el derecho extranjero.
- La integración en el nuevo país solo suele entrar en juego cuando ha transcurrido más de un año antes de iniciar la restitución.
